Perú: el COVID-19 castiga a los desposeídos

De Luis Villanueva Carbajal, Secretario General del FTCCP y Miembro de la Secretaría de la UITBB

Para contener la pandemia del COVID-19, el Gobierno peruano declaró el estado de emergencia del 16 al 30 de marzo, imponiendo el “aislamiento social obligatorio” de todos los peruanos con excepción de algunas actividades esenciales como del sistema de salud, venta de alimentos, servicio de agua potable y parte del transporte local.
Ante el avance de la pandemia, las autoridades han extendido el aislamiento social, la misma que se prevé su prolongación hasta mayo, quedando restringida las actividades económicas a un Plan nacional de recuperación; el sector de la construcción está previsto que se activaría en agosto.
Como sucede en los regímenes neoliberales, el sistema de salud está colapsado. El apoyo económico a los sectores vulnerables es mínimo, no obstante, el salvataje favorece al gran capital.
A la fecha existen 19,250 contagiados, se han recuperado 7027 y han fallecido 530 personas. En el rango de afectados ocupamos el tercer lugar en la región, después de Brasil y Ecuador.
Los trabajadores del sector construcción inscritos en el ministerio de trabajo son 450 mil; al 16 de marzo se encontraban en planillas 110 mil obreros. Esta baja empleabilidad es el resultado de la paralización de las obras de infraestructura, por el caso de corrupción “lava jato”, originado por la empresa Odebrecht, que se ha judicializado desde el 2016.
Se agudiza la crisis en el Sector de la construcción en Perú.

El Gobierno dicto algunas medidas para paliar el desempleo, entre ellas la “licencia con goce haber” de la segunda quincena de marzo; a la fecha solo el 10% de los trabajadores de construcción que se encontraba en planillas han recibido el pago de sus empleadores.

Estas medidas supuestamente para proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores han sido arrasadas por la suspensión perfecta de labores, medida impuesta para beneficiar al gran capital empresarial.

Hasta la fecha no hay ninguna empresa sancionada por ello. Los Gobiernos regionales y municipios han dejado en el desamparo a los trabajadores de la construcción.

La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú ha demandado sanción a las empresas que han incumplido los derechos laborales y está gestionando para que el Gobierno incluya en el otorgamiento del (apoyo económico social) bono de 380 soles quincenales para todos los trabajadores en construcción civil en desempleo, tomado como referencia el Registro Nacional de Trabajadores en Construcción Civil (RETCC), entre otros mecanismos. Asimismo, junto a la Confederación General de Trabajadores del Perú – GTP el 23 de abril realizamos un cacerolazo como expresión de protesta contra las medidas que afectan a los trabajadores, demandando tambien se aplique un impuesto a la riqueza y se otorgue un apoyo económico social de 1,000 soles mensuales, para todas las familias.

Los regímenes neoliberales en los casos de emergencias y crisis económicas-sociales, favorecen el salvataje de los grandes capitales y empresas; mientras que las grandes mayorías del pueblo cargan el peso hacia la muerte.

La crisis nos obliga a replantear las formas organizacionales y de comunicación, con el uso más intenso de las tecnologías ya existente, pero insuficientemente utilizadas en nuestra labor sindical.

Es evidente que la batalla ideológica es fundamental para fortalecer los sindicatos cuya existencia es una amenaza para los objetivos de los sistemas de sobreexplotación y dominación capitalista.

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